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PENAL
STS, A 07 DE MAYO DE 2025 - ROJ: STS 1999/2025
Por Sentencia Tribunal Supremo / 07 de mayo de 2025STS, a 07 de mayo de 2025 - ROJ: STS 1999/2025
ECLI:ES:TS:2025:1999 Sala de lo Penal Nº de Resolución: 417/2025 Municipio: Madrid Ponente: JAVIER HERNANDEZ GARCIA Nº Recurso: 7485/2022
RESUMEN: Prueba del valor de la droga: los agentes que elaboran los informes de valoración no actúan en el proceso como peritos. Como precisábamos en la STS 52/2017, de 3 de febrero, para dicha labor "no se exige estar en posesión de especiales ´(...) conocimientos científicos o artísticos´, cuya carencia es la que da sentido y justifica la práctica de una prueba pericial ( art. 456 LECr)". La fungibilidad probatoria de aquellos que elaboran el informe sobre la valoración de la sustancia es tan alta que su labor de cálculo, mediante la aplicación de una simple regla de tres, bien podría ser sustituida por el propio tribunal, siempre que las tablas a utilizar estén incorporadas en las actuaciones y sean accesibles para todas las partes. Decomiso de bienes adquiridos con ganancias provenientes de delito. Para identificar el estándar probatorio aplicable debe partirse de la naturaleza no penal del decomiso lo que permite la entrada en juego de modulaciones acreditativas de los presupuestos de activación. Muy en particular, el relativo al origen delictivo de las ganancias originarias o transformadas objeto de la medida. Doctrina de la modulación probatoria que, por otro lado, se ajusta plenamente a los pronunciamientos al respecto del Tribunal Constitucional, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En efecto, en la STC 220/2006, nuestro Alto Tribunal de Garantías precisó que el canon de control respecto de la fundamentación con la que los órganos de la jurisdicción ordinaria justifican el comiso de los bienes en cuestión "no es el del derecho a la presunción de inocencia, puesto que este derecho, como venimos sosteniendo desde la STC 31/1981, de 28 de julio, FJ 3, en su vertiente de regla de juicio y en sede constitucional, implica que nadie pueda ser declarado penalmente responsable de un delito sin pruebas de cargo válidas, que han de estar referidas a los elementos esenciales del delito y han de ser valoradas por los Tribunales con sometimiento a las reglas de la lógica y la experiencia (...) Una vez constatada la existencia de pruebas a partir de las cuales los órganos judiciales consideran razonadamente acreditada la culpabilidad del acusado, ya no está en cuestión el derecho a la presunción de inocencia. Por ello, en la acreditación de la concurrencia de los presupuestos para la imposición de una consecuencia accesoria como el comiso y en la imposición de la misma habrán de respetarse las garantías del proceso (art. 24.2 CE) y las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), y será -en cada caso, y en atención a cuál sea la queja del recurrente- conforme a uno u otro canon como debamos llevar a cabo nuestro enjuiciamiento (así, SSTC 123/1995, de 18 de julio, FFJJ 2 y 3; 92/1997, de 8 de mayo, FJ 3; 151/2002, de 15 de julio, FFJJ 2 y 3)". Doctrina que engarza con la regulación contenida en la Directiva 2014/42, en la que se perfila un específico estándar probatorio utilizable para ordenar el decomiso de aquellos bienes que puedan considerarse ganancias directas o indirectas de la actividad delictiva -vid. considerando 21: "los Estados miembros pueden estipular que sea suficiente, por ejemplo, con que el órgano jurisdiccional considere, habida cuenta de las distintas probabilidades, o pueda presumir razonablemente, que es sustancialmente más probable que el bien en cuestión se haya obtenido merced a actividades delictivas que merced a otras actividades. En este contexto, el órgano jurisdiccional tiene que examinar las circunstancias específicas del caso, incluidos los hechos y pruebas disponibles en los que pueda basarse la decisión de decomiso ampliado. El hecho de que los bienes de la persona no guarden proporción con sus ingresos lícitos puede ser uno de los elementos que induzcan al órgano jurisdiccional a resolver que el bien procede de una actividad delictiva. Los Estados miembros también pueden establecer un determinado plazo durante el cual pueda considerarse que el bien procede de una actividad delictiva"; y STJUE (Sala Tercera) de 21 de octubre de 2021, en los asuntos acumulados C-845/19 y C-863/19-. Estándar de la probabilidad prevalente que también ha sido validado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su STEDH, caso Grayson y Burnham c. Reino Unido, de 23 de septiembre de 2009, afirmando que en procedimientos de confiscación o decomiso de bienes relacionados con la previa actividad delictiva "no se compromete el concepto de juicio justo en materia penal cuando se impone a los demandantes la obligación de dar explicaciones creíbles sobre su situación económica. En particular, cuando el fiscal ha probado la posesión de los bienes no es irrazonable que el poseedor pruebe la licitud del origen de aquellos" -vid. con similar alcance, Decisión de Inadmisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso Aboufadda c. Francia, de 4 de noviembre de 2014-.
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