Sentencias

STS, A 12 DE MARZO DE 2025 - ROJ: STS 1063/2025

Por Sentencia Tribunal Supremo / 12 de marzo de 2025

STS, a 12 de marzo de 2025 - ROJ: STS 1063/2025
ECLI:ES:TS:2025:1063 Sala de lo Penal Nº de Resolución: 223/2025 Municipio: Madrid Ponente: VICENTE MAGRO SERVET Nº Recurso: 5765/2022
RESUMEN: Condena a dos recurrentes por delito de alzamiento de bienes.1.- Recurso de Cecilio.1.- Por infracción de ley, al amparo de lo dispuesto en el art. 849, 1º de la LECrim. por aplicación indebida de los arts. 257, 1, 1º, 3 y 4 en relación con el art. 250, 1, 5º del Código Penal".Señala y hace referencia a prueba que se practicó en el acto del juicio oral de que existían otros bienes suficientes para la ejecución de la deuda pero olvida que nos encontramos en un motivo de infracción de ley que debe respetar los hechos probados que indican claramente que la empresa no disponía de bienes para satisfacer el derecho de crédito de los acreedores, y además refiere la sentencia también que los que cita el recurrente tenían cargas que impedían la concurrencia del requisito que estén libres de cualquier carga para poder ser ejecutados.2.- Por aplicación indebida de los arts. 257, 1, 1º, 3 y 4 en relación con el art. 250, 1, 5º del Código Penal e indebida aplicación del art. 305 del Código Penal.Debe desestimarse el motivo, ya que carece de fundamentación relevante que pueda considerarse, pues se limita a transcribir una sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y a solicitar una degradación de la pena como consecuencia de "la estimación de la atenuante como de muy cualificada, la de un año de privación de libertad", sin mayor referencia ni explicación que sea soporte de la petición efectuada.3.- Por infracción de ley, al amparo de lo dispuesto en el art. 849, 1º de la LECrim., por inaplicación indebida del art. 21, 4º de la LECrim.Se demanda por el recurrente la aplicación de la circunstancia de confesión recogida en el art. 21, 4ª como muy cualificada.Argumenta el recurrente en favor de la aplicación de la circunstancia demandada que "el hecho de presentar declaraciones con las liquidaciones de IVA fundamentalmente correctas debe extraerse la consecuencia de apreciar la atenuante invocada".Así, como indica el Fiscal de Sala el delito por el que el recurrente ha sido condenado es el de alzamiento de bienes, es decir, por sustraer los bienes de la empresa EDIFICACIONES PROFOVA de la que era Administrador Único en perjuicio de sus acreedores, y no por uno contra la hacienda pública del que fue absuelto.4.- Por infracción de ley, al amparo de lo dispuesto en el art. 849, 1º de la LECrim., por inaplicación indebida del art. 21, 7º de existencia de normativa propiciatoria del delitoPlantea el recurrente que debe de existir cierta elasticidad interpretativa a la hora de interpretar las circunstancias modificativas de la responsabilidad, pero esta elasticidad no puede llegar al extremo de sostener el planteamiento de atenuantes que podrían referirse a otros delitos, no al de alzamiento de bienes, por lo que el recurrente no ha sido condenado por un delito contra la hacienda pública.5.- Por infracción de precepto constitucional, al amparo de lo dispuesto en el art. 5.4 de la LOPJ y art. 852 de la LECrim., por infracción del art. 120 de la CE.Se queja el recurrente de que se le haya condenado a la pena de tres años de prisión sin especificar por qué no se le impone dos años y seis meses, que sería el mínimo según su razonamiento.Sostiene, así, escuetamente, que:Se condena a TRES AÑOS DE PRISIÓN a mi representado aplicando una norma penal desfavorable y sin especificar, manteniendo su tesis, el porqué no impone DOS AÑOS Y SEIS MESES que sería el mínimo según su razonamiento. Argumenta el tribunal de instancia la pena impuesta de tres años de prisión de forma suficiente y motivada.6.- Por infracción de precepto constitucional, al amparo de lo dispuesto en el art. 5.4 de la LOPJ y art. 852 de la LECrim., por infracción del art. 10 de la CE, en lo que se refiere a la proporcionalidad de la pena impuesta y por infracción del principio acusatorio.No hay infracción alguna de la pena solicitada y la objeto de condena. Consta en el AH nº 2 de la sentencia que: "El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones definitivas, calificó los hechos objeto del proceso como constitutivos de un delito de alzamiento de bienes del artículo 257.1.1º, 3 y 4 del Código Penal...por el delito de alzamiento de bienes, la pena de tres años de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de veinte meses con cuota diaria de 10 euros y responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago del artículo 53 del Código Penal, y pago de costas.La condena lo ha sido de un delito de insolvencia punible del art 257.1.1º, 3 y 47.- Por infracción de ley, al amparo de lo dispuesto en el art. 849, 1º de la LECrim., por indebida aplicación del art. 66, 2 del Código Penal al no establecer correctamente las consecuencias de la estimación de la atenuante muy cualificada de dilación indebida del procedimiento del art. 21, 6 del Código Penal.Se denuncia por el recurrente, en primer lugar, la aplicación indebida del art. 66, 2 del Código Penal, y, en segundo lugar, se demanda la degradación de la pena en dos grados por la concurrencia de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada.En primer lugar, el Tribunal de instancia decidió la imposición de la pena de 3 años de prisión y multa de 15 meses, en aplicación de la LO 5/2010, por ser la vigente en el momento de cometerse los hechos. En consecuencia, la pena impuesta es correcta y no se ha infringido precepto penal alguno.Respecto a la atenuante de dilaciones indebidas y la rebaja de la pena en dos grados el tribunal la motiva debidamente en la rebaja en un grado, siendo suficiente dicha rebaja de la pena.2.- Recurso de Melchor1.- 849.2 LECRIM Cita el recurrente determinados documentos de la causa que alega que evidencian que el recurrente no ha intervenido cuando el tribunal ha destacado claramente la prueba concurrente en las actuaciones practicadas en el plenario que determina que el recurrente intervino con el primero en el operativo delictivo del alzamiento de bienes con lo cual se cumple el presupuesto de que las alegaciones efectuadas por el recurrente son contradichas por los elementos probatorios que citó el tribunal.2.- Infracción de ley 849.1 LECRIM. Por infracción de ley, al amparo de lo dispuesto en el art. 849, 1º de la LECrim. por aplicación indebida de los arts. 257, 1, 1º, 3 y 4 en relación con el art. 250, 1, 5º del Código Penal.Del relato fáctico se colige que, si bien Cecilio actuaba en todo momento en calidad de administrador único de la mercantil EDIFICACIONES PROFOVA, SL, el acusado Melchor lo hacía como administrador de hecho de la misma, actuando en todo momento ambos en connivencia. A continuación, recogen que de común acuerdo y a sabiendas de la existencia de importantes deudas que pesaban sobre la empresa y en perjuicio de sus acreedores, los acusados Cecilio y Melchor sacaron indebidamente del patrimonio de la empresa las cantidades que igualmente se recogen en el relato fáctico y que en total ascendieron a 743.014,79 euros.El Tribunal incardinó tales hechos en el art. 257, 1, 1º, 3 y 4 en relación con el art. 250, 1, 5º del Código Penal vigente en el momento de cometerse los hechos (LO 5/2010), por entender que se cumplían todos y cada uno de los requisitos del delito de alzamiento de bienes. Así, consta que, como consecuencia de las compraventas de fechas 30/9/2010, 15/4/2011 y 13/5/2011, la mercantil EDIFICACIONES PROFOVA, S.L. ingresó importantes cantidades de dinero, siendo así que al final del año 2009 el saldo de la mercantil era negativo en la cantidad de -990.247,24 euros-. Consta que poco después de percibir tales cantidades la empresa fue descapitalizada, debido a las extracciones llevadas a cabo por Cecilio en beneficio suyo y de Melchor, resultando de todo ello un perjuicio a sus acreedores como fueron la Agencia Tributaria y la administradora concursal de la entidad JAICU, además de Teodulfo y Bernarda por las cantidades que deberán satisfacer al ser ejecutados los avales personales que suscribieron en favor de EDIFICACIONES PROFOVA y que los acusados Cecilio y Melchor se comprometieron a cancelar cuando adquirieron la empresa.La conducta desplegada por el recurrente es perfectamente incardinable en el delito por el que ha sido condenado. Actuaba en todo momento en connivencia con Cecilio, aunque en la sombra, siendo la persona que mandaba y organizaba todo el entramado, como declararon todos los testigos que comparecieron al acto del juicio oral.Desarrollo de la actuación de los administradores de hecho y su responsabilidad penal en el ámbito societario.3.- Por infracción de ley, al amparo de lo dispuesto en el art. 849, 1º de la LECrim. por aplicación indebida de los arts. 257, 1, 1º, 3 y 4 en relación con el art. 250, 1, 5º del Código Penal, por error en la apreciación de la prueba al infringirse los art. 28 y 31 del Código Penal Expone el recurrente cuestiones relativas a la valoración de la prueba practicada cuando se trata de un motivo por error iuris en donde no cabe la percha del precepto y motivo invocado para plantear cuestiones de disidencia en la valoración de la prueba. El recurrente actuó en connivencia con el primero para llevar a cabo los actos delictivos consistentes en el delito de alzamiento de bienes por el que han sido condenados tal y como se desprende del factum.4.- Por infracción de ley, al amparo de lo dispuesto en el art. 849, 1º de la LECrim., por indebida aplicación del art. 66 del Código Penal al no establecer correctamente las consecuencias de la estimación de la atenuante muy cualificada de dilación indebida del procedimiento del art. 21, 6 del Código PenalEl motivo ahora esgrimido es idéntico al esgrimido por el recurrente Cecilio en su motivo séptimo. A él nos remitimos, añadiendo que la legislación que se ha aplicado es la vigente en el momento de la comisión de los hechos -LO 5/2010- cuyo art. 257, 3 establecía que "En el caso de que la deuda u obligación que se trate de eludir sea de derecho público y la acreedora sea una persona jurídica pública, la pena a imponer será de uno a seis años y multa de doce a veinticuatro meses". Tal precepto se mantuvo con la reforma de la LO 1/2015, añadiendo que también se impondrá esa pena cuando nos encontremos ante obligaciones pecuniarias derivadas de la comisión de un delito contra la Hacienda Pública.5.- Presunción de inocencia.Consta en el fundamento de derecho primero apartado quinto de la sentencia la referencia a la prueba practicada en el acto del juicio oral y que determina la correcta y acertada valoración de la prueba respecto a la intervención del recurrente con el primero en una actuación en connivencia de ambos para cometer el delito de alzamiento de bienes que ya ha sido explicado y expuesto anteriormente con lo cual nos remitimos a la acertada valoración de la prueba que cuestiona el recurrente planteando y sosteniendo meramente una disidencia valorativa cuando en casación el principio de inmediación queda en carencia de observación y lo que debe apreciarse es la de vida motivación en la valoración de la prueba llevada a efecto por el tribunal que ya se ha desarrollado y expuesto anteriormente en la presente resolución en cuanto a la intervención del recurrente en los hechos declarados probados.3.- RECURSO DE CASACIÓN DE PROFOVA, S.L.1.- Por infracción de precepto constitucional, al amparo de lo dispuesto en el art, 852 de la LECrim., por vulneración del art. 120 de la CE en relación con el derecho a la motivación suficiente de la sentencia, y del art. 24 de la CE en lo que se refiere a tutela judicial efectiva y al control en la valoración de la prueba.Se denuncia por la empresa recurrente la falta de motivación de la sentencia respecto de su condena como responsable civil subsidiario. Exista la suficiente motivación de la sentencia.2.- Por infracción de ley, al amparo de lo dispuesto en el art. 849, 1º de la LECrim., por indebida aplicación del art. 120, 4 del Código Penal".Se denuncia por la recurrente la aplicación indebida del art. 120, 4 del Código Penal.Se trata de responsabilidad ex art. 120.4 CP respecto de delitos cometidos por el administrador de derecho y de hecho de la sociedad en perjuicio de tercero y bajo el "abrigo" de la sociedad declarada responsable civil. Y ante ello la responsabilidad civil subsidiaria procede incluso en aquellos supuestos en que la entidad condenada no hubiera obtenido beneficio concreto de las extracciones de fondos de la misma, ya que la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal supremo así lo avala. Concretamente la STS núm. 87/2022 de 31 de enero se hace eco de la nº 898/21 de 18 de noviembre en el sentido de "admitir incluso la aplicación de esta clase de responsabilidad civil en los casos en que la actividad desarrollada por el delincuente no produce ningún beneficio en su principal, bastando para ello una cierta dependencia...".Por ello, constando en el factum que tales hechos fueron ejecutados por el acusado Cecilio actuando en calidad de administrador único de la mercantil EDIFICACIONES PROFOVA, SL, en connivencia con el acusado Melchor, como administrador de hecho de la misma es correcta la derivación de responsabilidad civil subsidiaria ex art. 120.4 CP.3.- Por infracción de precepto constitucional, al amparo de lo dispuesto en el art. 852 de la LECrim., por infracción del art. 24, 1 y 2 de la CE, por vulneración del derecho a un procedimiento con todas las garantías, y por interdicción de la arbitrariedad, al haberse realizado la instrucción al margen de la defensa".Se denuncia por la empresa recurrente la vulneración de su derecho a un procedimiento con todas las garantías, al haberse realizado la instrucción al margen de la defensa. No ha habido indefensión material alguna. Referencia a la nueva LO 5/2024 del derecho de defensa y la indefensión material. No se alega ni plantea indefensión material, sino formal. Pudo llevar a cabo correctamente el derecho de defensa.4.- Por infracción de precepto constitucional, al amparo de lo dispuesto en el art. 852 de la LECrim., y 851, 3 de la LECrim., al entender infringido el art. 24, 1 y 2 de la CE por vulneración de un procedimiento con todas las garantías y a la tutela judicial efectiva".El motivo tiene el mismo contenido que el anterior. A él nos remitimos en cuanto a su contestación.

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