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STS, A 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 - ROJ: STS 5977/2024

Por Sentencia Tribunal Supremo / 29 de noviembre de 2024

STS, a 29 de noviembre de 2024 - ROJ: STS 5977/2024
ECLI:ES:TS:2024:5977 Sala de lo Penal Nº de Resolución: 1103/2024 Municipio: Madrid Ponente: JUAN RAMON BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE Nº Recurso: 2938/2022
RESUMEN: PIEZA ERE ANDALUCÍA. PIEZA ACYCO. Motivos relativos al derecho a la presunción de inocencia art. 852 LECrim, 5.4 LOPJ y 24.2 CE. Doctrina jurisprudencial -anterior a la reforma Ley 41/2015 que introdujo el previo recurso de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales, ante la Sala de lo Civil y Penal de los respectivos Tribunales Superiores de Justicia-, sobre el alcance en casación de la vulneración del derecho a la presunción de inocencia (págs. 25-31).Prueba indiciaria o indirecta. Requisitos de dicha prueba (págs. 32-39).Motivo error en la apreciación de la prueba, art. 849.2 LECrim. Requisitos:1) Ha de fundarse en verdadera prueba documental (págs. 40-43).Motivo segundo Patricia (págs. 44-57). La sentencia recurrida atribuye a esta recurrente -Presidenta del Consejo de Administración de ACYCO- responsabilidad penal por su participación como cooperadora necesaria en la totalidad de la secuencia delictiva que conforman los hechos. La sentencia recurrida detalla hasta 12 actuaciones y resoluciones que se articularon para la consumación de las disposiciones de fondos públicos de las que se deduce la participación de esta recurrente. No es de aplicación el principio "in dubio pro reo". Motivo tercero Patricia (págs. 58-59). Error en la apreciación de la prueba (art. 849.2). Documento consistente en fax mediante el que esta recurrente y otro acusado comunicaron al despacho de abogados Garrigues la existencia de dos personas como beneficiarias de ayudas, que no habían trabajado en la empresa. Motivos primero y segundo Inocencio (págs. 59-73) al amparo del art. 852 LECrim y art. 5.4 LOPJ, infracción del art. 24.2 CE, por no existir actividad probatoria válida de cargo en que fundar un fallo condenatorio en relación a los delitos de prevaricación, falsedad y malversación en concurso ideal. El recurrente es socio, apoderado, abogado y director de recursos humanos de la empresa ACYCO. La sentencia recurrida detalla hasta 10 datos probatorios para entender acreditada la participación consciente y voluntaria de este recurrente en los hechos y delitos que se le imputan. Motivo segundo Modesto (págs. 74-87) vulneración presunción de inocencia. Este recurrente era Director Adjunto de Vitalia y coordinador de consultores. Las alegaciones del recurrente quedan desvirtuadas por el conjunto de la prueba que se detalla (hasta 13 datos) y permite concluir que los responsables de la aseguradora de forma consciente y voluntaria, cooperaron al desarrollo de los hechos y resultaron directamente beneficiados del irregular sistema. Motivo primero Ovidio (págs. 87-97), al amparo de lo prevenido en el art. 5.4 LOPJ y art. 852 LECrim, no existir suficiente actividad probatoria de cargo, derecho a la presunción de inocencia. Este recurrente trabajaba en Vitalia como consultor responsable de Andalucía y Extremadura, siendo su superior jerárquico Modesto. Los datos probatorios de su actuación están contenidos en el fundamento de derecho 7º de la sentencia de la Audiencia (hasta 7) y hacen que la conclusión del Tribunal resulte sólida, incuestionable, racional y lógica. Motivos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto recurso Roque (págs. 97-133). El motivo segundo se centra en el hecho probado 1º sentencia (concesión de las ayudas socio-laborales al ERE de ACYCO y suscripción y pago de las pólizas NUM000 y NUM001. El motivo tercero en el hecho probado 3º (Adenda al Convenio). El motivo cuarto en el hecho probado quinto (pago de la minuta de honorarios del despacho Garrigues). Los motivos quinto y sexto, la vulneración de la presunción de inocencia no se basa en la ausencia de valoración, sino que aceptando la existencia de prueba, esta es calificada de irracional. Motivación de las sentencias. Valor de las declaraciones sumariales. Tienen aptitud para desvirtuar la presunción de inocencia siempre que hayan sido adecuadamente introducidas en el plenario y sometidas así a la necesaria contradicción de las partes. Distintos supuestos: prueba preconstituida; prueba anticipada art. 657.3 y 781.1-1 perito tercero y 784.2 LECrim; prueba anticipada "impropia" arts. 448, 449 y 777 LECrim; supuestos del art. 730 LECrim. Declaraciones coimputados-acusados. Pruebas de cargo válidas pero que precisan de una mínima corroboración por algún dato, hecho o circunstancia externa. Vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad por haber sido tratado de modo desigual en relación a otros imputados que resultaron absueltos o más levemente condenados. Elemento subjetivo del delito, cuestiona el recurrente la existencia de prueba de que actuó dolosamente. Pretensión inaceptable. El acusado es abogado perteneciente a una de las firmas más prestigiosas y reconocidas del país, y es claro que tuvo a su alcance, pudo comprender y conocer el cúmulo de circunstancias que se produjeron en la tramitación de este expediente reveladoras de que se estaba utilizando un sistema irregular e ilícito. MOTIVOS FORMALIZADOS POR INFRACCIÓN DE LEY, ART. 849.1 LECRIM (NO REFERIDOS A PRONUNCIAMIENTOS SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL NI SOBRE DILACIONES INDEBIDAS).Infracción art. 849.1 LECrim. El motivo ha de partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia. En el relato de hechos probados constan los datos fácticos necesarios para la subsunción en delitos de prevaricación y malversación. Motivo primero Patricia. El relato de hechos probados destaca su papel central y protagonista como Presidenta del Consejo de Administración de ACYCO. Motivo tercero Inocencio, participa junto a Patricia en su condición de socio, apoderado, abogado y director de recursos humanos, siendo quien presenta la solicitud del ERE (págs. 143-146). Motivo cuarto Inocencio (págs. 146-154), cuestiona la continuidad delictiva en los delitos de prevaricación y malversación, manteniendo que nos encontramos ante única unidad de acción típica. Jurisprudencia de esta Sala. Motivo tercero recurso Modesto (págs. 154-162). El dolo del cooperador necesario es doble. Concierto para colaborar que puede ser anterior, coetáneo o sobrevenido. Motivo segundo del recurso de Ovidio (págs. 163-164), denuncia la indebida aplicación del art. 432.1 y 2 redacción anterior LO 1/2015. Motivo primero recurso Roque (págs. 164-175). Se sostiene en el motivo que los hechos han sido calificados jurídicamente pero que no se ha realizado la subsunción adecuada en los preceptos penales aplicables, pero relato fáctico sí detalla la aportación concreta de este recurrente. Sujeto activo en los delitos de prevaricación y malversación (págs. 176-179). Delitos especiales, el sujeto activo solo pueden serlo la autoridad o funcionario público. Concepto función pública. La orientada al interés colectivo o al bien común, realizada por órganos públicos. Participación en los delitos de prevaricación y malversación (págs. 179-183). Estos delitos admiten la participación en calidad de cooperador necesario, inductor o cómplice por parte del extraneus no funcionario. Aplicación del art. 65.3 para rebajar la pena en un grado al partícipe aunque tal rebaja no es imperativa. Análisis de la cuestión en derecho comparado (Italia y Alemania).Problema absolución del autor principal. Consecuencias (págs. 183-189).Concepto de accesoriedad. Las causas de exclusión de la responsabilidad penal por cosa juzgada y non bis in idem de la autoridad o funcionario no inciden en la accesoriedad de la participación de los particulares en el delito especial. En cuanto al delito de falsedad en documento público u oficial no es un tipo delictivo de los denominados de propia mano y pueden participar varias personas y los particulares responderán como autores del delito del art. 390.1 cuando exista concierto de voluntades entre el particular y la autoridad. Motivo séptimo recurso Roque, al amparo del art. 849.1 LECrim, por aplicación indebida del art. 28.2 (cooperador necesario) e inaplicación indebida del art. 29 (complicidad). Diferencia entre cooperación necesaria y complicidad (págs. 189-196).III) Motivos relativos a la atenuante de dilaciones indebidas y su apreciación como muy cualificada (págs. 196-206).Motivo cuarto recurso Patricia; octavo Roque; quinto Inocencio y sexto Modesto. El inicio del cómputo del tiempo de las posibles dilaciones, no debe tenerse en cuenta la fecha de los hechos, sino cuando se adquiere la condición de imputado. No han existido paralizaciones de relevancia, a salvo el tiempo dedicado por el Tribunal de instancia para dictar sentencia. IV) Motivos relacionados con los pronunciamientos sobre responsabilidad civil. Motivo cuarto recurso "DCOOP" (entidad absorbente de "ACYCO") al amparo del art. 120.4 CP (págs. 206-212).Debe descartarse una interpretación estricta del precepto de tal manera que cualquier extralimitación o desobediencia del empleado pueda considerarse que rompe la conexión con el empresario. Evolución de dicho fundamento desde la culpa "in vigilando" o "in eligendo" hasta una suerte de responsabilidad objetiva. Motivos primero y segundo DCOOP, sexto de Inocencio, séptimo de Modesto y tercero de Garrigues Abogados, cuestionan que las cuantías de la responsabilidad civil fijadas en la sentencia sean superiores a la solicitada por la Junta de Andalucía, discutiéndose la legitimación del Fiscal para solicitar esas cuantías (págs. 212-224).Motivo primero Garrigues Asociados. Infracción de ley art. 849.1 LECrim, en la condena por responsabilidad civil subsidiaria, indebida aplicación art. 109, 115 y 116 CP, y arts. 1089 y 1092 C. Civil (págs. 224-229).Se cuestiona la indemnización por el abono de las ayudas socio-laborales pese a que con posterioridad a la comisión del delito y respecto a la mayor parte de las ayudas (las correspondientes a los denominados "no intrusos") la Junta de Andalucía decidió mantenerlas, no existiendo, en consecuencia, daño civil resarcible. El título de la responsabilidad civil no deriva de una declaración de nulidad de los actos administrativos, sino de la comisión de un delito y lo dispuesto en los arts. 1089 y 1092 C. Civil y 109 y ss. CP. El motivo segundo Garrigues, al amparo del art. 849.1 LECrim, indebida aplicación arts. 108 y 110 LECrim, por infracción de ley (págs. 229-234).Se cuestiona la declaración de responsabilidad civil subsidiaria de Garrigues por el supuesto daño que hubiera podido derivarse para la Junta de Andalucía de las ayudas socio-laborales en relación con los trabajadores "no intrusos" y el no haber reintegrado, pudiendo hacerlo, el daño causado y la indemnización del mismo, suponiéndose un enriquecimiento injusto para la Junta de Andalucía. Pluralidad responsables civiles. En este caso, conforme el art. 116 CP, cuando la responsabilidad admita una división en cuotas, el Tribunal habrá de determinar lo que tenga que abonar cada uno de los diversos responsables. Motivos formalizados en relación a la cosa juzgada y non bis in idem.28) Motivos primero y segundo de Calixto y motivos primero, segundo y tercero de Celestino (págs. 236-265).La jurisprudencia tiene dicho que la eficacia de la cosa juzgada consiste en aquella que producen las sentencias de fondo y otras resoluciones a ellas asimiladas (auto de sobreseimiento libre) por la cual no pueden ser atacadas en otro proceso relativo al mismo objeto antes enjuiciado y ya definitivamente solventado. Triple identidad: sujeto, hecho y fundamento. Los hechos que se imputan a estos recurrentes en el procedimiento específico y en la presente pieza separada de ACYCO tienen lugar y se hayan conectados con el ejercicio de dichos cargos durante tales periodos de tiempo. El objeto del proceso es un factum no un crimen. Por ello si entre los hechos relacionados con el trámite de concesión de las ayudas a Acyco, alguno ha sido jurídicamente entendido en la sentencia como constitutivo de falsedad en documento oficial (además de prevaricación y malversación) ello no empece al entendimiento fundamental de que en el procedimiento antecedente ya fueron juzgados esos mismos hechos relacionados con el trámite de concesión de las ayudas a Acyco. Incidencia en el presente recurso de casación interpuesto, entre otros, por los acusados Calixto y Celestino, de las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional 95/2024, de 3-7, y 101/2024, de 16-7, en los recursos de amparo interpuestos por los mismos contra la sentencia 749/2022, de 13-9, dictada en la pieza del "procedimiento específico" (págs. 268-288).Las resoluciones impugnadas, al considerar que los anteproyectos de leyes de presupuestos en cuya tramitación participó el actor establecían un sistema de presupuestación "indebido" o "ilegal", causalmente determinante de la posterior malversación, han realizado un control jurídico del contenido de los actos de iniciativa legislativa del Gobierno que les estaba constitucionalmente vedado. Con estas premisas, no puede estimarse en modo alguno previsible, desde la óptica propia del art. 25.1 CE, que la ejecución por parte de una autoridad o funcionario público de las determinaciones contenidas en leyes de presupuestos aprobadas por un Parlamento pueda dar lugar a una condena penal por delito de malversación, pues tal ley, en tanto no sea declarada inconstitucional, ha de considerarse válida.- No obstante lo anterior, el propio Tribunal Constitucional realiza una importante matización en el fundamento de derecho 3.4.2., desestimando la vulneración del derecho a la legalidad penal -en las disposiciones de fondos ordenadas en el ámbito de la Consejería de Empleo, bajo la vigencia de las leyes de presupuestos que incorporaban tales aplicaciones en el programa 31L, "pero que excedieron su ámbito de cobertura en tanto que se hicieron en ausencia de fin público o para fines distintos de los previstos en dicho programa".-Excepción que en este caso abarcaría:1º Las ayudas socio-laborales de la póliza NUM001 con introducción de dos primas ajenas a la plantilla de ACYCO ("intrusos"): Eusebio que percibió 109.572,19 â?¬ y Ezequiel 113.480,72 â?¬, esto es, un total de 223.052,91 â?¬.2º Suscripción de la Adenda al Convenio de 10-2-2004 para abono de un supuesto adelanto efectuado por 7 socios de ACYCO para el pago de las pólizas de prejubilación, justificando su abono mediante una factura mendaz que incluía pago de un IVA no soportado (243.600 â?¬).3º Inclusión en el ERE de Patricia, Presidenta del Consejo de Administración de ACYCO hasta la Junta de 18-3-2011, y que percibió las prestaciones relativas a su prejubilación por ser asegurada y beneficiaria de las pólizas NUM000 y NUM001, obteniendo un total de 276.505,92 â?¬.4º La concesión de una nueva ayuda, con una incierta motivación social de mantenimiento de 144 puestos de trabajo, cuando en realidad, era para el abono de la minuta del abogado de Garrigues por su intervención en los ERES, de 109.620 â?¬.Limitación de las conductas delictivas que han de tener su incidencia en la responsabilidad civil de cada acusado y en la responsabilidad civil subsidiaria de DCOOP (antes ACYCO) y Garrigues Asociados.-Nueva individualización penológica. Malversación y especial gravedad. Se plantea el problema de si la nueva cantidad malversada, 743.158 â?¬, constituye el tipo agravado de la malversación en la redacción vigente en el momento de los hechos, art. 432.2. La jurisprudencia de esta Sala no había dado una respuesta uniforme. Algunas resoluciones interpretaban la conjunción "y" como disyuntiva, bastando la concurrencia de una sola de las agravantes para configurar el tipo agravado. Otra postura estimaba necesaria la suma de ambos criterios de agravación, postura esta mayoritaria, y una tercera entendía que consideraba que de la cifra malversada por su cuantía podía derivarse sin más la incidencia inevitable en el servicio público y la concurrencia del tipo agravado. En el caso presente la cantidad malversada, más de 743.000 â?¬, cumple con los anteriores presupuestos, máxime cuando las reformas LO 1/2015 y 14/2022, de 27-12, se refiere ya a la concurrencia de alguna de las circunstancias siguientes: "o" entre ellas: b) El valor del perjuicio causado o de los bienes apropiados excediere de 50.000 â?¬, y un subtipo agravado cuando dicho valor excediere de 250.000 â?

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