Conviene añadir tres precisiones determinantes sobre la conducta obstruccionista del deudor en la fase de MASC y sus consecuencias sancionadoras:
1. Penalización directa en costas procesales: Conforme a los criterios introducidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil (arts. 247 y 394 LEC), la incomparecencia injustificada del demandado a las sesiones de mediación o su negativa tácita a evaluar propuestas razonables priva a dicha parte de cualquier posibilidad de exoneración en costas si resulta vencido en juicio. Aún más: si la sentencia final le condenara a abonar una cantidad sustancialmente idéntica a la que usted le ofreció en la fase previa, el juez apreciará automáticamente mala fe y temeridad procesal, imponiéndole las costas de forma preceptiva y cerrándole la puerta a cualquier atenuación judicial.
2. Posibilidad de solicitar medidas cautelares previas: Si existen indicios fundados de que el deudor pretende aprovechar la tramitación del MASC para despatrimonializarse, ocultar bienes o insolventarse, la ley procesal no le deja desprotegido. Usted puede interesar del Juzgado de Primera Instancia o de lo Mercantil la adopción de medidas cautelares previas (embargo preventivo de cuentas bancarias o anotación preventiva de demanda conforme a los artículos 721 y siguientes de la LEC), acreditando el peligro por la mora procesal (periculum in mora) y la apariencia de buen derecho (fumus boni iuris). La obligatoriedad del MASC no anula la tutela cautelar urgente.
3. Secreto de las negociaciones: Conserve una copia compulsada o certificada del burofax o del acta de finalización emitida por el mediador. Asegúrese de que en la demanda judicial no se revelen las posibles confesiones, propuestas intermedias o documentos confidenciales que el deudor hubiera aportado si llegó a existir algún contacto preliminar; revelar el contenido protegido de la negociación previa podría acarrear la nulidad de esa prueba e incurrir en infracción deontológica y procesal.
Su inquietud es perfectamente comprensible, pero el diseño procesal del requisito de procedibilidad protege de forma expresa a la parte que actúa de buena fe y evita que el deudor utilice el trámite como un mecanismo dilatorio:
1. Cumplimiento por el mero intento: La exigencia procesal impone la obligación de intentar el acuerdo, jamás la de alcanzarlo. Si usted formaliza la invitación o requerimiento para acudir a un MASC (por ejemplo, ante un servicio de mediación acreditado o mediante una oferta vinculante formal) y la entidad requerida no contesta dentro del plazo legalmente establecido, rehúsa expresamente participar o no comparece a la sesión inicial, el trámite se tiene por plenamente cumplido y agotado por su parte.
2. Acreditación documental: El mediador o la entidad ante la que se sustancie el trámite expedirá de forma inmediata un acta o certificado acreditando que el intento se llevó a cabo y que concluyó «sin acuerdo por incomparecencia o rechazo de la contraparte». Acompañando dicho documento junto al escrito de demanda, el juzgado admitirá a trámite la demanda civil de forma ordinaria, sin que quepa inadmisión alguna.
3. Plazos y prescripción: En el plano temporal, la solicitud formal de inicio del MASC suspende la caducidad e interrumpe la prescripción de sus acciones de cobro. Por tanto, el transcurso de los días dedicados al intento no perjudica en absoluto la vigencia de sus derechos crediticios.