Para optimizar al máximo la eficacia del preconcurso en su caso concreto, resulta imperativo considerar tres aspectos procesales determinantes:
1. Definición de "activo necesario": La protección legal frente a ejecuciones recae exclusivamente sobre bienes indispensables para la continuidad de la actividad. En el escrito judicial de comunicación del artículo 585 TRLC, es crucial confeccionar un anexo detallado y exhaustivo que identifique de forma motivada qué cuentas corrientes, maquinaria, existencias o contratos se consideran activos necesarios. Si un acreedor intenta trabar embargo, el Juzgado de lo Mercantil resolverá a favor de la empresa si el activo fue adecuadamente catalogado como indispensable.
2. La figura del Experto en la Reestructuración (artículos 672 y siguientes TRLC): Aunque en deudores de reducida dimensión su nombramiento no es preceptivo en todas las modalidades, cuando se pretende el arrastre de clases de acreedores disidentes (cram-down) o existen discrepancias severas con entidades financieras sobre la valoración de la compañía como empresa en funcionamiento (going concern), solicitar la designación de un experto independiente colegiado confiere una robustez probatoria insoslayable de cara a la ulterior homologación judicial del plan.
3. Tratamiento del Crédito Público: Recuerde que las deudas con la AEAT y la Seguridad Social gozan de un régimen singular: solo pueden ser objeto de fraccionamiento/aplazamiento de conformidad con su propia normativa y con límites muy estrictos de quita (máximo 10.000 euros en los términos del art. 616 bis TRLC). Su plan debe articular la viabilidad descansando primordialmente sobre el pasivo financiero y comercial, asegurando la regularización o el cumplimiento escrupuloso de los acuerdos que se pacten con la Hacienda Pública y la TGSS para no frustrar la homologación judicial.
La respuesta a ambas cuestiones es rotundamente afirmativa, siempre que la comunicación se tramite con el debido rigor procesal:
1. Paralización de ejecuciones y embargos (artículos 600 y 601 TRLC): Desde el momento en que se admite a trámite la comunicación de apertura de negociaciones en el Juzgado de lo Mercantil, se paralizan de pleno derecho todas las ejecuciones judiciales o extrajudiciales que se dirijan contra bienes o derechos necesarios para la continuidad de la actividad empresarial. Los proveedores no podrán ejecutar embargos sobre sus cuentas operativas ni sobre su inventario. Respecto al banco, no podrá iniciar ejecuciones sobre dichos activos esenciales y, además, los acreedores financieros quedan legalmente limitados para declarar el vencimiento anticipado de los contratos por la mera presentación de la comunicación (artículo 618 TRLC). Esta moratoria dura inicialmente tres meses, prorrogables por otros tres si se demuestra avance real en las negociaciones.
2. Protección personal del administrador (artículo 613 TRLC): El artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital castiga a los administradores con la responsabilidad solidaria de todas las deudas sociales si, concurriendo causa de disolución por pérdidas (patrimonio neto inferior al 50% del capital), no convocan la junta en dos meses. No obstante, el artículo 613 del TRLC suspende expresamente esta obligación de disolución mientras esté vigente la comunicación de negociaciones. Por tanto, su patrimonio personal queda plenamente a salvo de dicha derivación durante la vigencia del preconcurso mientras se negocia el plan.