Redacción

Estamos avanzando a una armonización del derecho europeo de insolvencia https://www.mchmabogados.es/ El Reglamento europeo de insolvencia fue aprobado en 2015 y entró en vigor en julio de 2017. Este reglamento, junto con la directiva europea de 2019, deberá ser transpuesto en un plazo de dos años, aunque los estados miembros podrán solicitar un año adicional para su transposición. Es importante realizar una interpretación práctica de estas normativas. ✍️ ⚖️En España, gran parte de lo establecido en la directiva de reestructuración preventiva ya está contemplado en la ley concursal y en la ley de segunda oportunidad para concursos de personas naturales, ya sean empresarios o no. Sin embargo, la regulación aún presenta deficiencias significativas, siendo los juzgados, mediadores y administradores concursales quienes le otorgan cierta utilidad práctica. Es necesario mejorar la regulación para poder avanzar en este ámbito. Por ejemplo, en Portugal, a pesar de tener una economía siete veces más pequeña que la nuestra y representar tan solo el 21% de nuestra población, se presentan y tramitan más del doble de concursos de personas naturales que en España. En este sentido, la regulación de los acuerdos de refinanciación ha demostrado ser muy eficiente, utilizando mecanismos extrajudiciales de reestructuración de la deuda negociados con entidades financieras acreedoras, sin afectar a proveedores, acreedores comerciales, créditos laborales o créditos públicos. En España, desde la aprobación de la regulación de los acuerdos de refinanciación, que combinan disposiciones de nuestra ley concursal, se han aprobado más de 500 procedimientos, probablemente reestructurando más de 100.000 millones de euros en deuda financiera. Sin embargo, debido a la confidencialidad prevista en la ley concursal, no se conocen con exactitud estos datos. Los acuerdos de refinanciación en España se inspiran en la normativa norteamericana, específicamente en el Chapter 11 de la "Bankrupt Law". Esta regulación federal en los Estados Unidos ha facilitado los procesos de concursos de acreedores y acuerdos de reestructuración. A pesar del éxito relativo de esta regulación en España, todavía ha sido modificada en varias ocasiones desde su implementación inicial. Se han logrado evitar acuerdos como los "schemes" ingleses que afectaron a empresas españolas antes de la aprobación de nuestro régimen. Es importante mencionar que el último "Scheme" inglés que afectó a una empresa española fue el caso de Codere en 2016, cuando ya estaba vigente nuestra regulación. Sin embargo, esto ocurrió en el Reino Unido debido a decisiones estratégicas y también para evitar los riesgos asociados a un Brexit desordenado. La reestructuración de la matriz de la filial de Abengoa en los Estados Unidos, que cotizaba en el mercado bursátil del Nasdaq, no fue un "Scheme", sino un CVA, "Creditors Voluntary Arrangament", que permitió reestructurar la deuda financiera de la filial británica de Metrovacesa. Este acuerdo se llevó a cabo mediante el "moratorium", previsto en la ley de insolvencia de Inglaterra y Gales, para paralizar las acciones singulares por un máximo de ocho semanas, y obtener la aprobación del convenio con el 75% de los acreedores. Nuestra normativa permite solicitar la paralización de las ejecuciones singulares mientras se negocia, alcanzar las mayorías necesarias para los acuerdos financieros y homologarlos judicialmente, protegiéndolos de futuras acciones rescisorias. Aunque la directiva europea sobre reestructuración preventiva no afecta tanto a España, representa una oportunidad de mejora en su transposición. La directiva también establece que bastará con el voto favorable del 75% de los acreedores financieros afectados, lo cual difiere de nuestra regulación actual. Además, regula mecanismos de alerta preventiva por incumplimiento de pagos a organismos públicos y otros indicadores financieros. Incluye la figura del especialista en reestructuración preventiva, un economista especializado en reestructuración e insolvencia, así como la obligatoriedad de modelos de planes de reestructuración accesibles en internet para las PYMEs. Por otro lado, la directiva garantiza la protección de los derechos de los trabajadores y su participación en la negociación, y aborda aspectos como la regulación del concurso de la persona natural y la retribución del mediador. La mediación y/o el concurso consecutivo son requisitos obligatorios para la exoneración del deudor de pasivos impagados antes de tres años, según la directiva, mientras que en nuestra legislación actual este plazo es de cinco años. Existe la posibilidad, que ya se está observando en los tribunales, de otorgar dicha exoneración incluso si el deudor no ha podido pagar al menos el 25% de los créditos concursales públicos o la totalidad de los créditos contra la masa, o si se estima que la venta de la vivienda del deudor no beneficiaría a los acreedores con privilegio especial o a otros acreedores concursales. También se contempla la opción de no requerir mediación y solicitar directamente el concurso cuando sea evidente que el acreedor no podrá llegar a ningún acuerdo en la mediación, por ejemplo, si se encuentra desempleado y carece de activos. En otros sistemas legales, se prevé la exoneración automática del deudor sin necesidad de un proceso judicial, mediante la intervención del mediador o administrador concursal fuera de los tribunales, cuando las deudas no exceden, por ejemplo, los 10.000€ y los activos no superan los 5000€, u otras cifras establecidas, y si el acreedor no tiene ingresos o sus ingresos solo cubren sus necesidades básicas y no superan el mínimo embargable. En resumen, la implementación de la directiva europea sobre reestructuración temprana y segunda oportunidad nos brindará la posibilidad de realizar modificaciones necesarias en nuestro sistema de reestructuración preventiva fuera de los tribunales, el cual ha demostrado ser muy útil, pero puede ser mejorado, así como en los mecanismos de segunda oportunidad para concursos de personas físicas, sean o no empresarios. ✨ ⚖️ Bienvenido al proceso Civil Online ofrecido por MCHM Abogados. 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